Aprobado el Proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles

La Comunidad facilitará a los madrileños que lo deseen vivir en el campo

El Consejo de Gobierno regional ha aprobado el Proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, una normativa con la que el Ejecutivo regional impulsará la revitalización de las zonas rurales, dinamizará su economía y fijará su población al facilitar a los madrileños vivir en ellas. Ahora podrán construirse una casa en las fincas rurales que no estén en terrenos protegidos por la legislación sectorial y tengan más de 6 hectáreas.

Con esta nueva ley, Madrid se iguala a la mayoría de Comunidades Autónomas, que permiten ya la construcción de viviendas rurales aisladas en suelo no urbanizable sin protección. Igualmente Madrid avanza en la línea de otros países donde ya son posibles este tipo de viviendas. Los requisitos exigidos en la ley son más rigurosos que los contemplados por otras regiones en esta materia.

Mientras la superficie mínima de parcela exigida en Madrid es de 6 hectáreas, en Cantabria es tan sólo 0,5 hectáreas, o 2 hectáreas en Murcia y Extremadura. Mientras la altura máxima de la edificación en Madrid son 3,5 metros y una planta, en Cantabria, por ejemplo, se autorizan hasta 8 metros y dos plantas. Nuestra región fija una distancia mínima entre dos viviendas de 250 metros frente a los 10 metros mínimos de, por ejemplo, Cantabria.

La ley se refiere fundamentalmente a suelos en el campo, en el medio rural, no a lugares de alto valor ecológico que están protegidos por Ley Sectorial, por lo que quedan excluidos los Parques Regionales, Reservas de la Biosfera, o espacios incluidos en la Red Natura 2000. Además, todas las actuaciones estarán controladas por los organismos sectoriales, que establecerán los límites de acuerdo con la legislación vigente.

Con esta nueva iniciativa se alienta la conservación del medio ambiente. Los propietarios adquirirán unos compromisos de conservación y respeto medioambiental Las viviendas deben ser de una sola planta que no modifiquen la rasante natural del terreno y con el menor impacto visual posible. También deben conservar el arbolado existente en las parcelas e incluso replantar cinco ejemplares por cada uno dañado.

La ley también fija que los propietarios estarán obligados a realizar a su costa la totalidad de las obras de acondicionamiento e instalaciones, así como a garantizar la sostenibilidad de su vivienda, sin poder exigir ni a Comunidad ni a Ayuntamientos ninguna inversión relacionada con el suministro de agua, luz, gas, recogida de basuras o accesos. Ahora, el Gobierno regional envía este Proyecto de Ley a la Asamblea regional.