Destinadas a familias afectadas por desahucios
El convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas (FSV) destinadas al alquiler ha sido firmado hoy por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. El acto de la firma ha estado presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El fondo nace con 5.891 viviendas que aportan las 33 entidades firmantes del convenio. Las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008 podrán solicitar los inmuebles a partir de la puesta en marcha de este convenio. El alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre 150 euros y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
La puesta en marcha de este fondo social de viviendas da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios. Cada entidad de crédito constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas, aunque podrán ampliarlo. Las viviendas serán ofrecidas a las familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de la misma entidad propietaria del fondo.
La puesta en marcha de este fondo social de viviendas da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios. Cada entidad de crédito constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas, aunque podrán ampliarlo. Las viviendas serán ofrecidas a las familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de la misma entidad propietaria del fondo.
En 2007, iba a ser un rascacielos circular de 120 metros de altura junto a las cuatro torres del paseo de la Castellana. Un “ambicioso” centro de convenciones con capacidad para 30.000 personas. “Un gran sol artificial que iluminará la ciudad, ¡Madrid, donde no se pone el sol!”, glosa aún el Ayuntamiento en Internet. Hoy, sin embargo, es un inmenso agujero que amenaza con venirse abajo si no recibe el mantenimiento adecuado de forma urgente. Un agujero literalmente, y un agujero económico para el Ayuntamiento, que ni siquiera ha logrado convertirlo, como pretendía, en un aparcamiento subterráneo para ir saliendo del paso mientras decide qué hacer allí. Un informe del área de Hacienda al que ha tenido acceso EL PAÍS señala que la situación “debe ser resuelta lo antes posible”, y vierte dudas sobre la seguridad de la instalación a corto plazo. El coste del proyecto “es inasumible” y “sería imprescindible” cambiar su uso.
