Desde la Comunidad de Madrid nos vamos a hacer cargos este año, de nuevo, de las
facturas de electricidad y de gas de las familias más desfavorecidas, gracias a una inversión de 1 millón de euros, que permitirá financiar estos gastos durante el invierno. El Consejo de Gobierno ha aprobado las normas reguladoras y el desarrollo del procedimiento para la concesión directa de estas ayudas individuales, y ha autorizado el gasto.
Con estas ayudas se pretende apoyar a los hogares madrileños que se encuentran en situación más crítica para que las familias puedan hacer frente al pago de sus suministros energéticos, subvencionando el importe de las facturas de electricidad y/o gas que no superen los límites establecidos, que estén pendientes de abono y que hayan sido emitidas en el periodo subvencionable por las entidades que suscribieron el acuerdo con la Comunidad de Madrid el 9 de diciembre de 2015 (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa).
Para recibir esta ayuda, las familias deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos, estar empadronadas en la vivienda para la cual se solicita la ayuda y que ésta sea el domicilio habitual y permanente del solicitante. Además, el solicitante tiene que encontrarse en situación de precariedad económica, lo que supone su imposibilidad de afrontar el pago de las facturas de electricidad y/o gas, y debe certificarlo a través de un
informe de los Servicios Sociales municipales.
Durante el pasado año, se abonaron un total de 899 ayudas, de las que 565 fueron ayudas para electricidad, 116 ayudas para gas, y 218 ayudas para ambos suministros.
Estrategia de inclusión social
La firma de este convenio entre el Gobierno regional y las principales compañías comercializadoras de energía eléctrica y de gas, cumple con las medidas recogidas en la Estrategia de Inclusión Social 2016-2021, que se aprobó en octubre de 2016. En concreto, esta medida se refiere a la lucha contra la pobreza energética, que contempla el desarrollo de programas para prevenir y combatirla a través de acciones de apoyo a las personas y los hogares que tengan dificultades para hacer frente a los gastos de suministros eléctricos.
La
Estrategia de Inclusión Social tiene un presupuesto de 2.891 millones y cuenta con 135 medidas, todas ellas dirigidas a un mismo objetivo, el de eliminar la pobreza severa de forma definitiva en la región.
Se ha aprobado el Plan de Ahorro y Eficiencia energética en edificios públicos, que permitirá emitir 4.000 toneladas de CO2 y 7 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) menos, ahorrando 1,6 millones de euros y 17,5 gigavatios hora de energía al año. Para lograr ahorros energéticos en los edificios públicos, especialmente los que presentan mayor uso y consumo, vamos a invertir más de 14 millones de euros en 2017. 
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