El Ayuntamiento estrecha los lazos con el mundo académico y, en especial, con el universitario. Manuela Carmena, alcaldesa de la ciudad, ha suscrito un convenio de colaboración con ocho universidades públicas, de las cuales seis son madrileñas, para establecer un cauce de colaboración a través del aprendizaje-servicio (APS), metodología pedagógica que aplica el conocimiento adquirido en los centros educativos a la resolución de problemas de la comunidad en la que se ubican. El acuerdo es, en palabras de Carmena, “la mejor expresión de la sinergia de la ciudad con sus instituciones educativas y, en este caso, universitarias”, señaló. El convenio no supone coste alguno para las arcas municipales.
El beneficio de este intercambio entre la comunidad educativa y la sociedad es doble: por un lado, los estudiantes ponen en práctica y dan contenido social a los conocimientos adquiridos en las aulas, al tiempo que ganan experiencia, mientras que el conjunto social se beneficia de un servicio que mejora su calidad de vida y propicia la inclusión social. “El APS es una metodología de éxito –incidió el rector de la Universidad Politécnica, Guillermo Cisneros- porque permite trasvasar el aprendizaje de las aulas a la sociedad en la que vivimos”.
El convenio lo han suscrito, además de Carmena, los siguientes rectores: Carlos Andradas, (Universidad Complutense); Rafael Garesse (Autónoma); Guillermo Cisneros Pérez, (Politécnica); Juan Romo, (Carlos III); Javier Ramos López, (Juan Carlos I); Fernando Galván, (Alcalá de Henares); Alejandro Tiana, (Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED), y Francisca García Caballero, vicerrectora de Post-Grado e Investigación (Universidad Internacional Menéndez Pelayo).
Con su rúbrica se regula la colaboración entra la Administración local y las universidades para implantar en Madrid proyectos de aprendizaje-servicio, una metodología, contemplada en el Estatuto del Estudiante Universitario, que combina aprendizaje académico con servicios a la comunidad que reporten mejora de la calidad de vida e inclusión social. En los proyectos podrán participar estudiantes de cualquiera de las titulaciones impartidas por las universidades firmantes.
El acuerdo nace tras un año de relación estrecha en la que se diseñaron programas piloto que han demostrado su eficacia. “Queríamos tener la seguridad de que íbamos a ir por el buen camino”, subrayó Carmena. “No son prácticas profesionales, no es voluntariado; el aprendizaje-servicio es mucho más: es el convencimiento de que no se deben cerrar los currículos profesionales si no hay una implicación en la ciudad”, apostilló.
Atención social y sanitaria, zonas verdes, educación, sostenibilidad, sensibilización contra la violencia de odio son algunos de los campos en los que se han centrado estos proyectos piloto, entre los que la alcaldesa destacó el que se ha llevado a cabo en el distrito de Usera para trabajar en las deficiencias educativas que presentaba el alumnado de determinados colegios del distrito, o el asesoramiento a emprendedores albergados en los viveros de empresa municipales para ayudarles al desarrollo de sus proyectos de negocio.
La participación de estudiantes o profesores en estos proyectos APS no tiene en ningún caso carácter laboral y, por tanto, no sustituirá nunca la prestación laboral propia de los puestos de trabajo ni se exigirá a los participantes la realización de funciones profesionales. El trabajo académico y las prácticas poseen carácter exclusivamente formativo, nunca profesional.
Para materializar el acuerdo, el Ayuntamiento establecerá una Oficina Municipal APS, dependiente de la Oficina de Proyectos de la Alcaldía, que servirá de puente entre las universidades y las áreas de Gobierno y juntas de distrito. Por su parte cada universidad nombrará un interlocutor para proyectos APS, encargado de coordinar la actividad en su institución. Estos interlocutores configurarán la comisión técnica APS dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas, a la que se suman también la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Los proyectos podrán partir tanto del propio Ayuntamiento como de las universidades. Desde la Oficina Municipal APS se establecerán reuniones conjuntas entre el profesorado responsable de cada proyecto particular y los gestores municipales competentes en la materia, para determinar los requerimientos, calendario, viabilidad, ejecución y evaluación de la iniciativa
El convenio tiene una vigencia de cuatro años.
El beneficio de este intercambio entre la comunidad educativa y la sociedad es doble: por un lado, los estudiantes ponen en práctica y dan contenido social a los conocimientos adquiridos en las aulas, al tiempo que ganan experiencia, mientras que el conjunto social se beneficia de un servicio que mejora su calidad de vida y propicia la inclusión social. “El APS es una metodología de éxito –incidió el rector de la Universidad Politécnica, Guillermo Cisneros- porque permite trasvasar el aprendizaje de las aulas a la sociedad en la que vivimos”.
El convenio lo han suscrito, además de Carmena, los siguientes rectores: Carlos Andradas, (Universidad Complutense); Rafael Garesse (Autónoma); Guillermo Cisneros Pérez, (Politécnica); Juan Romo, (Carlos III); Javier Ramos López, (Juan Carlos I); Fernando Galván, (Alcalá de Henares); Alejandro Tiana, (Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED), y Francisca García Caballero, vicerrectora de Post-Grado e Investigación (Universidad Internacional Menéndez Pelayo).
Con su rúbrica se regula la colaboración entra la Administración local y las universidades para implantar en Madrid proyectos de aprendizaje-servicio, una metodología, contemplada en el Estatuto del Estudiante Universitario, que combina aprendizaje académico con servicios a la comunidad que reporten mejora de la calidad de vida e inclusión social. En los proyectos podrán participar estudiantes de cualquiera de las titulaciones impartidas por las universidades firmantes.
Proyectos piloto
El acuerdo nace tras un año de relación estrecha en la que se diseñaron programas piloto que han demostrado su eficacia. “Queríamos tener la seguridad de que íbamos a ir por el buen camino”, subrayó Carmena. “No son prácticas profesionales, no es voluntariado; el aprendizaje-servicio es mucho más: es el convencimiento de que no se deben cerrar los currículos profesionales si no hay una implicación en la ciudad”, apostilló.
Atención social y sanitaria, zonas verdes, educación, sostenibilidad, sensibilización contra la violencia de odio son algunos de los campos en los que se han centrado estos proyectos piloto, entre los que la alcaldesa destacó el que se ha llevado a cabo en el distrito de Usera para trabajar en las deficiencias educativas que presentaba el alumnado de determinados colegios del distrito, o el asesoramiento a emprendedores albergados en los viveros de empresa municipales para ayudarles al desarrollo de sus proyectos de negocio.
Carácter formativo, nunca profesional
La participación de estudiantes o profesores en estos proyectos APS no tiene en ningún caso carácter laboral y, por tanto, no sustituirá nunca la prestación laboral propia de los puestos de trabajo ni se exigirá a los participantes la realización de funciones profesionales. El trabajo académico y las prácticas poseen carácter exclusivamente formativo, nunca profesional.
Para materializar el acuerdo, el Ayuntamiento establecerá una Oficina Municipal APS, dependiente de la Oficina de Proyectos de la Alcaldía, que servirá de puente entre las universidades y las áreas de Gobierno y juntas de distrito. Por su parte cada universidad nombrará un interlocutor para proyectos APS, encargado de coordinar la actividad en su institución. Estos interlocutores configurarán la comisión técnica APS dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas, a la que se suman también la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Los proyectos podrán partir tanto del propio Ayuntamiento como de las universidades. Desde la Oficina Municipal APS se establecerán reuniones conjuntas entre el profesorado responsable de cada proyecto particular y los gestores municipales competentes en la materia, para determinar los requerimientos, calendario, viabilidad, ejecución y evaluación de la iniciativa
El convenio tiene una vigencia de cuatro años.
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