La Comunidad de Madrid tramitó el pasado año un total de 115 denuncias a empresas y particulares por vertidos ilegales en el medio natural. Se trata de una cifra que representa el 10,1% del total de los expedientes abiertos por infracciones contra el medio ambiente en la región, que ascendieron a 1.137, y de cuya investigación se encarga el Cuerpo de Agentes Forestales, en el marco de sus funciones como policía ambiental.
El 50% del centenar de acusaciones formuladas por estos servidores públicos se debieron a abandonos de restos de construcción y demolición, localizados principalmente en caminos vecinales, vías pecuarias y carreteras en desuso. Un 20% por residuos peligrosos —como fibrocemento, disolventes, pinturas, ácidos, detergentes o restos animales—; otro porcentaje similar estuvo vinculado a la quema de materiales depositados; y el 10% restante englobó a otros, como madera o plásticos.
Este tipo de prácticas en espacios no autorizados ocasiona un grave impacto en el entorno, generando además un efecto llamada y favoreciendo su acumulación progresiva, incluso en áreas de especial protección. Asimismo, pueden provocar la contaminación del suelo y de las aguas, constituir focos de infección para personas y fauna, degradar el paisaje, obstaculizar vías rurales y, en épocas de altas temperaturas, aumentar el riesgo de incendios forestales.
Las denuncias tramitadas por estos servidores públicos autonómicos se remiten, en su mayoría, a la Subdirección General de Inspección y Disciplina Ambiental, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, o, cuando los hechos se producen en suelo urbano, a los ayuntamientos competentes. Estas acciones pueden conllevar sanciones administrativas que oscilan entre los 2.000 euros, en los casos leves, y los 100.001 euros cuando son consideradas muy graves, sin perjuicio de que, si se produce un daño significativo al medio natural, puedan derivar en un delito medioambiental.
Localizado un vertido en una zona de máxima protección
Como ejemplo reciente, el pasado mes de marzo los agentes identificaron a los responsables de un vertido de tres metros cúbicos de escombros en un tramo en desuso de la antigua M-501, situado en una zona de máxima protección ambiental de la cuenca de los ríos Alberche y Cofio, en el término municipal de Colmenar del Arroyo. Tras una investigación de casi un año, se determinó que los residuos procedían de la reforma de una casa rural en la provincia de Ávila.
La empresa responsable carecía de la documentación que acreditara su correcta gestión en un vertedero autorizado, lo que ha derivado en una multa de 20.000 euros, así como en la obligación de retirar los deshechos depositados. Junto a los vertidos, las principales actuaciones sancionadoras se relacionan con el uso indebido o estacionamiento irregular de vehículos a motor en el medio natural, así como con infracciones urbanísticas, con una mayor incidencia en las zonas este y sureste de la Comunidad de Madrid.
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