Nuevos criterios sociales en los contratos con el Ayuntamiento de Madrid

“El valor no es el precio sino la calidad”. La contratación municipal se guiará a partir de ahora no sólo por el precio más bajo sino por la calidad. Así de categórico ha sido el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que ha firmado la modificación del Decreto de 26 de abril de 2012 sobre la contención del gasto en el ámbito de la contratación del Ayuntamiento de Madrid.

Para el Gobierno municipal es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables. Y que tenga muy en cuenta, además de estos criterios, la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo. Son argumentos de peso para dejar sin efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo determine la elección de la empresa que prestará los servicios públicos cuando haya más de un criterio de valoración.

El Plan de Ajuste puesto en marcha durante el anterior mandato primaba en las contrataciones públicas la oferta económica más baja sobre otros elementos de valoración.

Por el contrario, este equipo de Gobierno apuesta por la objetividad y la lucha contra la corrupción en la contratación pública y para ello establece que la concesión de los contratos se realice en base a criterios objetivos valorables en cifras y porcentajes. En palabras de Carlos Sánchez Mato, “esto significa que vamos a apreciar conceptos como la calidad de las condiciones de empleo; la inserción sociolaboral y la diversidad funcional; políticas de género, medioambientales y de comercio justo por encima del precio”.

En definitiva, “la propuesta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo”, constató el concejal. Hasta ahora el precio más bajo determinaba el 65% del total. Y con el nuevo decreto aumenta el peso de los criterios objetivos hasta el 75% del total de la puntuación a distribuir, salvo para los contratos de prestaciones personales de carácter sanitario o social.

Tal y como reconoce la Directiva Europea sobre contratación pública 24/2014, para contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social resulta necesario un tratamiento más alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a satisfacer y, por ello, deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad.

Contexto

Uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas es la contratación pública. Su peso económico se cifra en más de un 15% en el PIB del Estado Español.

El gasto comprometido en contratación pública por el Ayuntamiento de Madrid (y sus organismos autónomos) en el año 2013 supuso más de 3.300 millones de euros, lo que evidencia las posibilidades que tiene como instrumento para el ejercicio de políticas sociales.

A través de este nuevo Decreto, el equipo de Gobierno convierte la contratación pública en una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia.

El propósito es evitar, como venía ocurriendo hasta ahora, que la mayor ponderación del criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de los trabajadores.

Además, las reclamaciones y sugerencias de los propios ciudadanos a su Ayuntamiento ha puesto de manifiesto que servicios públicos prestados por contratistas de la Administración, como la limpieza, no mantiene unos estándares de calidad apropiados.