El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado una modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, incluida en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2016, con el objetivo de perseguir de manera efectiva a aquellos servicios de transporte urbano que no cuenten con licencia municipal, fundamentalmente el taxi.
Esta iniciativa, históricamente demandada por los profesionales del sector, pretende ordenar el servicio y generar un efecto disuasorio que evite la competencia desleal en el sector del taxi. La primera consecuencia de esta modificación será la inmovilización de manera inmediata de los vehículos infractores cuando realicen un trasporte público de viajeros de manera ilegal.
La nueva modificación precisa que se inmovilizarán los vehículos infractores incluso cuando las personas responsables tengan su residencia en otros lugares de España. También se añade la compatibilidad de la sanción, que oscilará entre los 4.001 y los 6.000 euros, con la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados por la realización de dicha actividad ilícita. Las inspecciones serán realizadas por los técnicos de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid en colaboración con los agentes de la Policía Local de los municipios de la región.
Con esta modificación de la Ley se da respuesta a una importante demanda del sector del taxi, que ha aplaudido de manera satisfactoria una reforma con la que se espera evitar la aparición de determinadas conductas infractoras que suponen competencia desleal para las empresas que sí están autorizadas. Se pretende, además, que tenga un efecto disuasorio para el resto de potenciales infractores.
Con esta iniciativa se cumple el compromiso electoral de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la lucha contra el intrusismo y la competencia desleal en el sector del taxi. En concreto, el compromiso número 233 del programa electoral de Cifuentes dice: “Modificaremos la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid para reforzar la persecución de la competencia desleal y el intrusismo profesional en el sector del taxi”.
Esta iniciativa, históricamente demandada por los profesionales del sector, pretende ordenar el servicio y generar un efecto disuasorio que evite la competencia desleal en el sector del taxi. La primera consecuencia de esta modificación será la inmovilización de manera inmediata de los vehículos infractores cuando realicen un trasporte público de viajeros de manera ilegal.
La nueva modificación precisa que se inmovilizarán los vehículos infractores incluso cuando las personas responsables tengan su residencia en otros lugares de España. También se añade la compatibilidad de la sanción, que oscilará entre los 4.001 y los 6.000 euros, con la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados por la realización de dicha actividad ilícita. Las inspecciones serán realizadas por los técnicos de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid en colaboración con los agentes de la Policía Local de los municipios de la región.
Con esta modificación de la Ley se da respuesta a una importante demanda del sector del taxi, que ha aplaudido de manera satisfactoria una reforma con la que se espera evitar la aparición de determinadas conductas infractoras que suponen competencia desleal para las empresas que sí están autorizadas. Se pretende, además, que tenga un efecto disuasorio para el resto de potenciales infractores.
Con esta iniciativa se cumple el compromiso electoral de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la lucha contra el intrusismo y la competencia desleal en el sector del taxi. En concreto, el compromiso número 233 del programa electoral de Cifuentes dice: “Modificaremos la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid para reforzar la persecución de la competencia desleal y el intrusismo profesional en el sector del taxi”.
Una vez activado el Protocolo ante episodios de alta contaminación por Dióxido de Nitrógeno y como medida de coordinación, ayer se reunió el Grupo Operativo constituido de urgencia, tal y como está establecido, con miembros de la Dirección General de Tráfico, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, EMT, Madrid Salud, Emergencias y Protección Civil, Policía Municipal, Agentes de Movilidad, Calle 30, y equipo directivo del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 
