
La nueva Ley de Defensa del Contribuyente de la Comunidad de Madrid refuerza la seguridad jurídica de los ciudadanos y establece la buena fe en su relación con la Hacienda autonómica, que tendrá un máximo de tres meses para contestar las peticiones del ciudadano. La Asamblea de Madrid ha aprobado esta normativa, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial regional BOCM), y que se aplica a impuestos cedidos como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Tributos sobre el Juego.



