La Comunidad trabaja en un plan de inclusión de población gitana que buscará mejorar las condiciones de vida y promover la inclusión social de la población gitana en la región, especialmente la que se encuentra en mayor riesgo o en situación de pobreza y exclusión. El plan articula más de medio centenar de medidas en los ámbitos del empleo, la educación, la vivienda, la salud, los servicios sociales, la cultura, la igualdad de género y la no discriminación.
En el medio centenar largo de medidas en las que la Comunidad está trabajando se refleja un empeño especial en el diseño de itinerarios encaminados a la inserción, es decir, en la transición desde situaciones irregulares o marginales a la inclusión, tal y como ha detallado el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, tras participar en el acto de entrega de los premios al valor social Madrid 2016 de la Fundación Cepsa.
“Cepsa es una empresa con arraigado compromiso social que, con estos premios, pone de manifiesto la implicación tanto de la empresa como de los empleados en la promoción de los valores sociales”, ha señalado Izquierdo, quien ha destacado que estos galardones premien el esfuerzo y la implicación de las entidades más representativas del ámbito social, dado que el Gobierno regional tiene un especial compromiso con las personas más vulnerables.
La Comunidad de Madrid puso en marcha el pasado mes de octubre la Estrategia de Inclusión Social 2016-2021, que cuenta con un presupuesto de 2.891 millones y 135 medidas. El objetivo principal de esta estrategia es dar una respuesta eficaz ante situaciones de exclusión social y caminar hacia una sociedad madrileña más inclusiva, a través de políticas y medidas sociales más activas e integrales. Para ello se va a realizar un diagnóstico profundo de las actuales necesidades sociales de los colectivos más vulnerables.
Este plan se divide en cuatro ejes: desarrollo de políticas inclusivas, refuerzo de los servicios sociales y el apoyo a las personas excluidas, mejora de la eficiencia y fomento de la participación activa y gobernanza. La estrategia cuenta, además, con medidas especialmente orientadas al impulso de las acciones de empleo e innovación que favorezcan la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.
En el medio centenar largo de medidas en las que la Comunidad está trabajando se refleja un empeño especial en el diseño de itinerarios encaminados a la inserción, es decir, en la transición desde situaciones irregulares o marginales a la inclusión, tal y como ha detallado el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, tras participar en el acto de entrega de los premios al valor social Madrid 2016 de la Fundación Cepsa.
“Cepsa es una empresa con arraigado compromiso social que, con estos premios, pone de manifiesto la implicación tanto de la empresa como de los empleados en la promoción de los valores sociales”, ha señalado Izquierdo, quien ha destacado que estos galardones premien el esfuerzo y la implicación de las entidades más representativas del ámbito social, dado que el Gobierno regional tiene un especial compromiso con las personas más vulnerables.
Estrategia de inclusión social
La Comunidad de Madrid puso en marcha el pasado mes de octubre la Estrategia de Inclusión Social 2016-2021, que cuenta con un presupuesto de 2.891 millones y 135 medidas. El objetivo principal de esta estrategia es dar una respuesta eficaz ante situaciones de exclusión social y caminar hacia una sociedad madrileña más inclusiva, a través de políticas y medidas sociales más activas e integrales. Para ello se va a realizar un diagnóstico profundo de las actuales necesidades sociales de los colectivos más vulnerables.
Este plan se divide en cuatro ejes: desarrollo de políticas inclusivas, refuerzo de los servicios sociales y el apoyo a las personas excluidas, mejora de la eficiencia y fomento de la participación activa y gobernanza. La estrategia cuenta, además, con medidas especialmente orientadas al impulso de las acciones de empleo e innovación que favorezcan la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.
