El Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad lleva ya 8 años resolviendo los conflictos derivados de los contratos de arrendamiento lo que permite que alrededor de 100 de estos litigios se arreglen sin recurrir a la vía judicial. Así lo ha señalado la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo en la inauguración de la VIII edición de la Jornada de Arbitraje Inmobiliario, un foro organizado por la Comunidad.
El Consejo Arbitral para el Alquiler es un órgano colegiado de carácter técnico y consultivo adscrito a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras que se creó en 2009 con el objetivo de otorgar las mayores garantías y velar por los derechos de propietarios e inquilinos en los arrendamientos urbanos. Pionero en España, tiene entre sus miembros a juristas de reconocido prestigio y cuenta en la actualidad con un total de 90 árbitros, fruto de los convenios de colaboración firmados con instituciones profesionales y arbitrales como los colegios de notarios, registradores, abogados y procuradores o los agentes de la propiedad inmobiliaria.
Durante su intervención, la consejera ha subrayado la importancia del arbitraje “como herramienta básica para el desarrollo del mercado de alquiler, unificando criterios y consiguiendo globalizar las posibles soluciones a problemas comunes”. En este sentido, ha destacado la capacidad de adaptación del Consejo Arbitral a cualquier reforma legislativa, una característica que agiliza su actividad y permite, por ejemplo, que el casi centenar de arbitrajes anuales que realiza se resuelvan en un plazo inferior a 40 días.
El Consejo Arbitral también ofrece a los litigantes un procedimiento sencillo y una cercanía entre las partes y el árbitro en la búsqueda de una buena solución que evita el recurso a la solución judicial. De hecho, el cumplimiento de los laudos que dicta el Consejo es mayoritariamente voluntario y solo en casos muy contados se llega a la ejecución judicial.
Todas estas ventajas de la solución arbitral para los conflictos que puedan surgir entre inquilinos y propietarios se han puesto de manifiesto a lo largo de la jornada, que ha contado con la participación del presidente del Consejo Arbitral, Juan Ramón Montero, y el ex presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Antonio García de Paredes, entre otros, y que será clausurada por el director general de Vivienda y Rehabilitación, José María García.
El Consejo Arbitral para el Alquiler es un órgano colegiado de carácter técnico y consultivo adscrito a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras que se creó en 2009 con el objetivo de otorgar las mayores garantías y velar por los derechos de propietarios e inquilinos en los arrendamientos urbanos. Pionero en España, tiene entre sus miembros a juristas de reconocido prestigio y cuenta en la actualidad con un total de 90 árbitros, fruto de los convenios de colaboración firmados con instituciones profesionales y arbitrales como los colegios de notarios, registradores, abogados y procuradores o los agentes de la propiedad inmobiliaria.
Durante su intervención, la consejera ha subrayado la importancia del arbitraje “como herramienta básica para el desarrollo del mercado de alquiler, unificando criterios y consiguiendo globalizar las posibles soluciones a problemas comunes”. En este sentido, ha destacado la capacidad de adaptación del Consejo Arbitral a cualquier reforma legislativa, una característica que agiliza su actividad y permite, por ejemplo, que el casi centenar de arbitrajes anuales que realiza se resuelvan en un plazo inferior a 40 días.
El Consejo Arbitral también ofrece a los litigantes un procedimiento sencillo y una cercanía entre las partes y el árbitro en la búsqueda de una buena solución que evita el recurso a la solución judicial. De hecho, el cumplimiento de los laudos que dicta el Consejo es mayoritariamente voluntario y solo en casos muy contados se llega a la ejecución judicial.
Todas estas ventajas de la solución arbitral para los conflictos que puedan surgir entre inquilinos y propietarios se han puesto de manifiesto a lo largo de la jornada, que ha contado con la participación del presidente del Consejo Arbitral, Juan Ramón Montero, y el ex presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Antonio García de Paredes, entre otros, y que será clausurada por el director general de Vivienda y Rehabilitación, José María García.
La tasa de criminalidad en Pozuelo de Alarcón se situó en 33,1 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, durante los primeros meses de 2017, según los datos de facilitados por la Secretaría de Estado de Seguridad. Este es uno de los datos facilitados hoy durante la celebración de la Junta Local de Seguridad del municipio. Esta tasa supone un descenso de 1,6 puntos respecto al dato de criminalidad del año 2016. Los tipos delictivos que más se han reducido en Pozuelo son los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que bajan un 83,3% y los robos con fuerza en domicilios, que lo hacen un 51,5%. En el primer semestre también se registra una notable bajada de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, un 50%, de los hurtos, un 14,8%, y de las sustracciones de vehículos, que bajan un 13,8%.