José Marcos para elpais.com
El nuevo plan gubernamental —el tercero desde 2007— pasa ahora por convocar un concurso, permitir que un gestor privado levante las sedes y organismos judiciales y que la Comunidad le abone los 40 millones de euros que ahora gasta en alquilar las actuales sedes dispersas por la capital durante un periodo de 30 años. La idea del Gobierno regional es sacar el concurso público en los primeros meses de 2015 y que se levanten, al menos, una decena de inmuebles.
El Campus de la Justicia original tenía 15 edificios y un coste de 500 millones. Debía estar finalizado en 2011 —Esperanza Aguirre puso la primera piedra en enero de 2007, en una ceremonia que costó 1,4 millones—, pero sólo está hecha la sede del Instituto de Medicina Legal, que sigue cerrada tras pagarse por ella 19,3 millones.
La fórmula de canon anual no supone un desembolso económico o la venta de edificios judiciales, como sí ocurría con el proyecto anterior, ni que la Comunidad se endeude, porque no tendría que desembolsar dinero de sus arcas públicas sino sólo la cantidad que ya paga todos los años por unos inmuebles que, pasados esos años, serían propiedad de todos madrileños.
Todos los órganos judiciales estarán conectados por fibra óptica, cámaras de videovigilancia y un parking con 2.500 plazas de aparcamiento, y tendrán acceso por transporte público para facilitar el traslado de funcionarios, profesionales y ciudadanos. A este proyecto se unirán dos medidas más de carácter reorganizativo, como son la creación de la Oficina de la Fiscalía Superior de la Comunidad y la del Instituto de Medicina Legal, que se alojará en el edificio conocido como el “donuts” ya existente actualmente en Valdebebas antes de fin de año.
El nuevo plan gubernamental —el tercero desde 2007— pasa ahora por convocar un concurso, permitir que un gestor privado levante las sedes y organismos judiciales y que la Comunidad le abone los 40 millones de euros que ahora gasta en alquilar las actuales sedes dispersas por la capital durante un periodo de 30 años. La idea del Gobierno regional es sacar el concurso público en los primeros meses de 2015 y que se levanten, al menos, una decena de inmuebles.
El Campus de la Justicia original tenía 15 edificios y un coste de 500 millones. Debía estar finalizado en 2011 —Esperanza Aguirre puso la primera piedra en enero de 2007, en una ceremonia que costó 1,4 millones—, pero sólo está hecha la sede del Instituto de Medicina Legal, que sigue cerrada tras pagarse por ella 19,3 millones.
Ampliación 22:00 h
La fórmula de canon anual no supone un desembolso económico o la venta de edificios judiciales, como sí ocurría con el proyecto anterior, ni que la Comunidad se endeude, porque no tendría que desembolsar dinero de sus arcas públicas sino sólo la cantidad que ya paga todos los años por unos inmuebles que, pasados esos años, serían propiedad de todos madrileños.
Todos los órganos judiciales estarán conectados por fibra óptica, cámaras de videovigilancia y un parking con 2.500 plazas de aparcamiento, y tendrán acceso por transporte público para facilitar el traslado de funcionarios, profesionales y ciudadanos. A este proyecto se unirán dos medidas más de carácter reorganizativo, como son la creación de la Oficina de la Fiscalía Superior de la Comunidad y la del Instituto de Medicina Legal, que se alojará en el edificio conocido como el “donuts” ya existente actualmente en Valdebebas antes de fin de año.
El Código Infarto está diseñado para agilizar la asistencia a los ciudadanos a los que sobreviene esta dolencia, para disminuir la mortalidad y las secuelas, mediante una estrecha coordinación de los servicios de emergencia SUMMA 112, urgencias hospitalarias, servicios de Cardiología y centros de salud; que se suman al Protocolo “Actuación en Atención Primaria ante el infarto agudo de miocardio”, con el que se completa el programa asistencial integral. 
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha decidido abrir las oficinas de gestión de la Tarjeta Transporte Público dos domingos, correspondientes al día 31 de agosto y 7 de septiembre, para facilitar que los usuarios más rezagados, que han podido tramitarla desde finales de 2013, se hagan la nueva tarjeta sin problemas tras la vuelta de las vacaciones y ante el inicio del nuevo curso académico.