"En las próximas semanas, ya se podrá vivir en Valdebebas", ha anunciado la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, durante su visita al barrio, cuya construcción sufrió un parón hace varios meses a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo. "Hoy estamos comprobando la recuperación de la actividad urbanística de este ámbito, en el que ya alcanzamos un tercio de la capacidad residencial total, que es de 12.500 viviendas".

La sentencia del Tribunal Supremo afectaba a 21 ámbitos urbanísticos de Madrid, entre ellos Valdebebas. Se trataba de lo que la alcaldesa ha calificado como un grave problema para la ciudad. Con promociones iniciadas e incluso, terminadas, en estos barrios estaban presentes 104 cooperativas de viviendas propietarias de suelo, con 9.648 familias distribuidas entre Berrocales, Ahijones, Arroyofresno o Valdebebas, donde la sentencia supuso la paralización de viviendas en este último ámbito para 6.000 familias.
"En el Ayuntamiento lo tuvimos muy claro: frente a este problema de ciudad, en el que los intereses y las ilusiones de muchos madrileños estaban en juego, había que dar una respuesta de ciudad. Una respuesta solvente, definitiva y sin atajos, que diera cumplimiento a lo ordenado por los tribunales y que también proporcionara el máximo de seguridad jurídica, tanto al sector como a las miles de familias afectadas".
La sentencia del Tribunal Supremo afectaba a 21 ámbitos urbanísticos de Madrid, entre ellos Valdebebas. Se trataba de lo que la alcaldesa ha calificado como un grave problema para la ciudad. Con promociones iniciadas e incluso, terminadas, en estos barrios estaban presentes 104 cooperativas de viviendas propietarias de suelo, con 9.648 familias distribuidas entre Berrocales, Ahijones, Arroyofresno o Valdebebas, donde la sentencia supuso la paralización de viviendas en este último ámbito para 6.000 familias.
"En el Ayuntamiento lo tuvimos muy claro: frente a este problema de ciudad, en el que los intereses y las ilusiones de muchos madrileños estaban en juego, había que dar una respuesta de ciudad. Una respuesta solvente, definitiva y sin atajos, que diera cumplimiento a lo ordenado por los tribunales y que también proporcionara el máximo de seguridad jurídica, tanto al sector como a las miles de familias afectadas".