Miccionar en la vía pública, estropear el mobiliario urbano, pintar un grafiti, no recoger un excremento canino o abandonar un residuo derivado del consumo privado en vías o espacios públicos constituyen infracciones tipificadas en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos. La sanción por este tipo de infracciones puede ser abonada económicamente, pero también se establece la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por la realización de medidas alternativas dirigidas a fomentar conductas proactivas en materia de limpieza y de gestión de residuos que eviten la degradación de los espacios públicos.
La Junta de Gobierno ha autorizado, con un gasto plurianual de 668.823,63 euros IVA incluido, el contrato de servicios de tutelaje y seguimiento de la prestación ambiental sustitutoria para las sanciones por incumplimiento de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos. Este programa empezó en junio de 2016 como un proyecto piloto de sustitución de la multa por la obligación personal de prestación en la vía pública. De esta forma, se persigue la concienciación del infractor a través de la pedagogía, a la vez que se restituye a la comunidad los daños o perjuicios que se le ha ocasionado.