Bruno García Gallo para elpais.com
La crisis económica, como factor externo; y la combinación de un precio excesivamente elevado y una autonomía muy limitada, como factor interno, han quebrado la estrategia lanzada en 2010 por el Gobierno, entonces socialista, para incentivar “de manera decisiva” la implantación del coche eléctrico, sobre todo en las ciudades. El entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, contó con la colaboración de los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla y Barcelona, en un proyecto que la capital considera que ha sido “muy interesante desde el punto de vista de dar visibilidad a estos vehículos”, pero errado en parte de su enfoque y “residual” en cuanto a sus efectos prácticos.
El Ayuntamiento de Madrid se había fijado 2012 como fecha límite para replantearse su política al respecto. Tras paralizar la instalación de nuevos puestos de recarga en la vía pública, un sistema que ha concluido que “no tiene sentido”, intenta ahora colocar los 24 que gestiona a empresas privadas. Hasta entonces, la electricidad seguirá siendo gratuita en ellos. Tampoco es que la factura vaya a suponer un quebranto para las mermadas arcas municipales: en 2012, pagó 728 euros de recibo de la luz.