lunes, 15 de junio de 2026

Primer balance de la Regularización Extraordinaria de personas migrantes, ya en su recta final



La sede de la calle Silva de la Oficina de Extranjería ha sido el lugar elegido para la celebración de la Comisión de Asistencia al delegado del Gobierno, la primera del año 2026. La ubicación se ha escogido coincidiendo con la recta final del Proceso de Regularización Extraordinaria, en el marco del cual se han recibido unas 900.000 solicitudes, como dato provisional antes de finalización del mismo.

Este ha sido el motivo de la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha realizado una intervención inicial en la que ha querido agradecer a los funcionarios y funcionarias de la Delegación del Gobierno el que estén dando “lo mejor de sí mismos” para contribuir al “éxito” del proceso de regularización, así como su “dedicación y esfuerzo”. Un reconocimiento que ha querido hacer extensivo a los empleados públicos de otros organismos que colaboran en las gestiones como Correos, Seguridad Social, Tesorería o entidades sociales.

Con ello, se está contribuyendo a “sacar de la invisibilidad” a la que estaban condenadas miles de personas migrantes que ya viven, trabajan y llevan a sus hijos al colegio en España, para que regularicen su situación “en derechos y obligaciones”, y responde a una política migratoria del Gobierno “mucho más amplia” que ya se puso de manifiesto el pasado año con la puesta en marcha del nuevo Reglamento de Extranjería. Desde su entrada en vigor, se han resuelto 1,5 millones de expedientes, el 20% en la Comunidad de Madrid (unos 300.000), y se han concedido 250.000 autorizaciones de extranjería, lo que supone un 40% más que el año anterior.

Estos datos son el resultado de “una gestión eficaz y una Administración pública comprometida”, ha añadido, una visión que comparte el delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que ha presidido la Comisión acompañado por la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad; la secretaria general de la Delegación del Gobierno, Inés Represa; y la directora del Área de Trabajo e Inmigración, Paloma Pérez Cortijo.

“Es la constatación del compromiso del Gobierno de España con Madrid”, ha subrayado, al mismo tiempo que se ha sumado a la enhorabuena al personal de la Oficina de Extranjería, que casi ha duplicado su plantilla en el último año, lo que ha permitido dar una mejor respuesta a las demandas de trámites de la población extranjera.


De hecho, la Oficina de Madrid es la que mayor volumen de autorizaciones gestiona de toda España y, a pesar de ello, está consiguiendo resolver en plazo la gran mayoría de los procedimientos y contestando a las demandas de información en tan sólo 2-3 días máximo.

Desde el 19 de abril, abrió sus puertas, también en horario de tarde, para la atención presencial a los demandantes del proceso de regularización y, de hecho, la reunión de la Comisión de Asistencia se ha celebrado precisamente en este mismo espacio en el que se recibe a las personas migrantes que acuden a presentar sus solicitudes.

Francisco Martín se ha felicitado por la buena marcha del procedimiento, que se está desarrollando “con normalidad” y que va a contribuir a que los migrantes que ya viven en la región puedan participar “de manera plena” y, de esta forma, seguir avanzando en “justicia social y progreso”.

Puesta en común, valoración y futuro 

Junto al Proceso Extraordinario de Regularización, que ha sido un tema destacado en esta reunión, cada uno de los representantes de la más de veintena de organismos y servicios de la Administración General del Estado con implantación en la Comunidad de Madrid que han asistido han presentado la situación de los mismos, planteado las cuestiones más relevantes de su trabajo en los últimos meses y señalado los retos a corto y medio plazo que se les presentan.

Apartado especial ha tenido también el balance de la visita del Papa a Madrid que, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, implicó a otros servicios como el transporte, y de la que se ha dado cuenta en las correspondientes intervenciones.


Francisco Martín ha insistido en que el objetivo compartido de todos los presentes es “mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos y ciudadanos de la Comunidad de Madrid”, y ha valorado el compromiso de los empleados y empleadas públicas de todos los organismos y servicios en la consecución de este objetivo.

En la reunión han participado: el jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, José Francisco González, y el jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil, general Francisco Almansa; responsables de la Agencia Tributaria (AEAT); Agencia Española de Meteorología (AEMET); Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; RENFE; Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social; Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo; Jefatura Provincial del Tráfico; Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE); Instituto Nacional de Estadística (INE); Delegación de Defensa de la Comunidad de Madrid; ENAIRE; Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE);  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); RENFE; Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS); Agencia Tributaria (AEAT); Instituto Social de la Marina; Tesorería de la Seguridad Social (TGSS); Delegación de Economía y Hacienda; Inspección de Telecomunicaciones; Demarcación de Carreteras; Dirección Territorial de Comercio de Madrid; y Gerencia Regional de Catastro.

Funciones de la Comisión

La Comisión de Asistencia al delegado es un encuentro de referencia que sirve para la puesta en común de la marcha los servicios de la AGE y coordinación de los mismos.

La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público prevé que en las CCAA uniprovinciales exista una Comisión de Asistencia al delegado o delegada del Gobierno.

La Comisión de Asistencia al delegado tiene como funciones: coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse en el ámbito de la Comunidad de Madrid, homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en la región a través del establecimiento de criterios comunes y asesorar al delegado del Gobierno en la elaboración de propuestas de simplificación administrativa.

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