domingo, 12 de febrero de 2023

San Lorenzo de El Escorial y Las Rozas reciben fondos para rehabilitar 445 viviendas

 La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, la directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti Prado, la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, y el concejal de Familia, Servicios Sociales y Distrito Centro de Las Rozas de Madrid, José Luis San Higinio Gómez, han firmado dos acuerdos de colaboración para poner en marcha la rehabilitación de tres entornos residenciales en ambos  municipios. En el acto ha estado también presente el director general director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín Ramiro.

Gracias a estos acuerdos se pondrá en marcha la rehabilitación de tres entornos residenciales que afectarán a unas 445 viviendas en las ciudades de San Lorenzo de El Escorial y Las Rozas de Madrid. Estas iniciativas comprenden un presupuesto total de 13.489.148,34 euros, de los que Mitma aportará 8.305.029,29 euros. Este proyecto, destinado a abordar la recuperación económica y social de áreas urbanas, se enmarca en el Programa de rehabilitación de barrios incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En su intervención, Raquel Sánchez ha recordado la importancia de ampliar el parque de vivienda pública y mejorar habitabilidad y sostenibilidad del ya existente para contribuir así a garantizar el derecho constitucional a la vivienda. “Durante demasiado tiempo se ha mirado hacia otro lado. Se ha evitado enfocar la vivienda bajo el prisma de los derechos humanos. Y eso ha provocado que el concepto de vivienda como derecho fuera sustituido por el de vivienda como bien especulativo”, ha asegurado.

En este sentido, ha aprovechado para destacar la necesidad de tener una Ley de Vivienda llamada a ayudar a consagrar el derecho a la vivienda, proteger la vivienda pública existente, aumentar la oferta de pisos en alquiler a precios reducidos y controlar las rentas en las zonas más tensionadas. Todo ello dentro de un Plan Estatal de Vivienda que nace con la intención de atender las necesidades más urgentes y que “incluye ayudas al alquiler habitual a ciudadanos con escasos recursos, a víctimas de violencia de género, a afectados por desahucios; a personas sin hogar; a otras especialmente vulnerables; y, por supuesto, a los jóvenes”, ha apuntado.

Actuaciones concretas

En virtud de los dos acuerdos suscritos esta mañana, se prevé la puesta en marcha de los siguientes proyectos, que serán gestionados y cofinanciados por la Comunidad de Madrid

En el municipio de San Lorenzo de El Escorial:

  • Actuaciones en el entorno residencial de rehabilitación programada de “San Lorenzo de El Escorial. Fase I”, donde está prevista la rehabilitación de un número estimado de 180 viviendas, todas de titularidad privada. En este caso, la aportación prevista por parte del Mitma prevista es de 2.696,520,75 euros.

En el municipio de Las Rozas de Madrid:

  • Actuaciones en el entorno residencial de rehabilitación programada de “Barrio de La Suiza. Fase I”, donde está prevista la rehabilitación de un número estimado de 241 viviendas, todas de titularidad privada, con una aportación de 4.870.268,54 euros por parte de Mitma.
  • Actuaciones en el entorno residencial de rehabilitación programada de “Colonia Las Vírgenes. Fase I”, donde está prevista la rehabilitación de un número estimado de 24 viviendas, todas de titularidad privada. La inversión a cargo de Mitma es de 738.240,00 euros.


En palabras de la ministra, “la ausencia de una política de Vivienda digna nos ha conducido hasta aquí y ha propiciado buena parte de los efectos que ahora sufrimos. Hablo de subidas abusivas de precios, de tensiones en determinadas zonas de las grandes ciudades y de una intensa especulación que ha expulsado del mercado a las clases menos pudientes”. Para poner coto a esta situación, el Gobierno ha establecido como punto de partida en su plan de acción que el acceso a la vivienda no esté supeditado a los ingresos de las familias ni reste recursos de manera desproporcionada. “Nuestro empeño ha sido asegurar la función social de la vivienda, o lo que es lo mismo, configurarla como un servicio público de interés general”. 

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