miércoles, 14 de noviembre de 2007

Varios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, detenidos por presunta prevaricación

Agentes de la Guardia Civil han registrado esta mañana las sedes de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, así como las Juntas de Distrito de Chamberí, Centro y San Blas, en el marco de una operación policial que afecta a 16 funcionarios del Ayuntamiento.

Al parecer, ninguno de los funcionarios presuntamente implicados en la trama es político ni ocupa cargos de libre designación, y se trata de funcionarios que llevan mucho tiempo trabajando en el Ayuntamiento.

Los 16 funcionarios podrían haber incurrido en un delito de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Se les acusa de cobrar de comisiones para agilizar o retrasar licencias de aperturas de locales o establecimientos en la capital

Según el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Manuel Moix, la presunta trama de corrupción ha podido intervenir en 187 expedientes, y no existen implicaciones políticas. Al parecer, la red cobraba alrededor de 20.000 euros por gestión y lograba agilizar los trámites de dos años a cinco días.

El Ayuntamiento de Madrid lleva desde antes del verano, colaborando con las investigaciones de la Guardia Civil sobre presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por cobro de comisiones en la concesión de licencias de actividad a diversos locales, desde que un particular advirtió un comportamiento presuntamente delictivo en los trámites de obtención de una licencia y alertó de la situación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 32, José Santiago Torres, dirige la operación, que se encuentra bajo secreto sumarial.

El vicealcalde, Manuel Cobo, ha negado cualquier relación de esta investigación con la Operación Malaya, ni con operaciones urbanísticas o recalificaciones.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha insistido en la estrecha colaboración entre Ayuntamiento de Madrid y el juzgado para determinar a las personas imputadas. La Guardia Civil y la Policía Local han trabajado hoy conjuntamente para llevar a cabo los registros y las detenciones. Según palabras del alcalde, "Este tipo de actuaciones no pueden poner en cuestión al resto de trabajadores, de funcionarios municipales que realizan diariamente su trabajo de forma honrada".



Mi opinión es que el agilizar o retrasar licencias, y cobrar por ello, es un delito muy grave, y todos los implicados deben acabar en manos de la Justicia.

El Ayuntamiento debe ser el primero en perseguir este tipo de conductas delictivas en colaboración con la Justicia y en beneficio del resto de funcionarios. Hay que recordar que en el Ayuntamiento trabajan más de 26.000 funcionarios municipales, y no hay que generalizar ni dudar de su honradez. Se trata de un caso concreto que afecta sólo a un determinado número de personas.

Son muchos blogs que se han lanzado ya como carroñeros al cuello de Gallardón acusándole de todo tipo de delitos, otros se apresuran a decir que es una cortina de humo para que no se hable más de Chávez o de las obras del Ave. Pues, calma, mucha calma, y que sea la Justicia la que ponga a cada uno en su sitio.

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