De acuerdo con la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental y sin perjuicio de la responsabilidad penal que se les reclame, la Comunidad abrió los correspondientes expedientes sancionadores contra las empresas inspeccionadas y que actuaban sin autorización. En total, se inspeccionaron 23, de las que sólo dos tenían autorización para su actividad. En caso de tratarse de infracciones muy graves las sanciones podrían llegar a los 240.405 euros por explotación, la suspensión inmediata de la actividad fraudulenta y la restauración de los terrenos.
En la operación, coordinada por la Guardia Civil, han participado más de 30 agentes ambientales regionales, que integran las cuatro secciones territoriales de la región. Los agentes procedieron a identificar a los titulares de las instalaciones, inspeccionarlas y levantar 30 actas. En una de las parcelas investigadas, la mayor de ellas, se calculó que los metros cúbicos de RCD almacenados podrían llegar a los 23.000.
Esta actividad fraudulenta y clandestina no solo atenta contra el medio ambiente, ya que supone la gestión inadecuada y el vertido incontrolado de los residuos, sino que supone un perjuicio económico para las empresas del sector del reciclaje de escombros que cumplen con la legislación.
Una investigación cada tres días
La clausura de estas escombreras forma parte del Programa de Inspección Ambiental para controlar la gestión y luchar contra los vertidos ilegales de residuos. Hasta el momento se han abierto más de 450 investigaciones en tres años y medio y se han resuelto 50 de estos expedientes, dictándose 10 órdenes de suspensión inmediata de la actividad, con fuerte multa económica y restauración de los terrenos (sanciones muy graves) y otras 40 (graves o leves) con multa entre 25.000 y 120.000 euros y la restauración de los solares. La cantidad mpuesta en todas estas sanciones supera el millón y medio de euros.
En la región existen 29 instalaciones autorizadas para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición, entre las públicas (7) y las privadas (22). De ellas, 13 centros están dedicados al reciclaje y la eliminación de residuos procedentes de la construcción y demolición, cuatro de ellos de iniciativa pública. La capacidad total de tratamiento de estas instalaciones asciende a casi 6 millones de toneladas al año.
Estas infraestructuras se complementan con otros 16 centros autorizados (tres de iniciativa pública y 13 privados) que tienen como función el almacenamiento y la clasificación de los residuos causados en las labores de la construcción y la demolición para facilitar su posterior reciclaje.
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