miércoles, 28 de octubre de 2015

Parque de Viviendas de Emergencia Social, para personas que atraviesan situaciones de especial necesidad

Parque de Viviendas de Emergencia Social, para personas que atraviesan situaciones de especial necesidad
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha analizado el decreto de creación de Parque de Viviendas de Emergencia Social (PVES), que contempla la reserva del 5 por ciento de cada promoción pública en régimen de alquiler a personas que atraviesan situaciones de especial necesidad. El decreto introduce, además, un cambio en los criterios de adjudicación de viviendas para ofrecer con mayor agilidad una casa a quienes más lo necesiten.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la presidenta regional ha recordado que ya en el primer acto público de la pasada campaña electoral, presentó un decálogo de compromisos irrenunciables si obtenía el apoyo de los madrileños. Uno de esos compromisos era reforzar el carácter social de la vivienda pública y, en esta línea, la medida número 113 del programa electoral recogía el compromiso de crear un parque de Viviendas de Emergencia Social, para atender temporalmente a familias que están atravesando situaciones de grave dificultad.

Para Cristina Cifuentes, el Decreto analizado hoy por el Consejo de Gobierno convierte en realidad ambos compromisos, porque crea el Parque de Viviendas de Emergencia Social y, además, actualiza la normativa de acceso a las viviendas públicas de la Comunidad de Madrid, contemplando nuevas situaciones y flexibilizando los requisitos para dar respuesta a colectivos que por sus circunstancias necesitan un tratamiento especial, como las víctimas de la violencia de género.

Parque de viviendas de emergencia social


La principal novedad de este Decreto es la creación del Parque de Viviendas de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid, que estará integrado por cerca de 300 viviendas que se verán incrementadas dado que de las nuevas promociones públicas deberá reservarse al menos un 5% de viviendas para su integración en este parque, con el fin de garantizar la existencia de un parque en número suficiente para dar respuesta a las necesidades de emergencia social.

En cuanto a la fórmula de adjudicación de estas viviendas, se ha establecido un nuevo sistema, denominado “Procedimiento excepcional de Emergencia Social”, que aporta la agilidad necesaria para dar respuesta inmediata a situaciones urgentes y cuya adjudicación se hará a favor de personas o familias en situación de grave dificultad

Para resultar adjudicatario por el procedimiento excepcional de emergencia social de viviendas integrantes de este Parque, se exigen determinados requisitos, que se flexibilizan en casos muy concretos, como los que pueden afectar a las mujeres víctimas de violencia de género, o al cónyuge al que no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar, en los casos de sentencia judicial de separación o divorcio.

Parque de Viviendas de Emergencia Social, para personas que atraviesan situaciones de especial necesidad

Actualización de otros procedimientos de adjudicación


El Decreto analizado actualiza también los requisitos para acceder a las viviendas públicas por otros procedimientos de adjudicación existentes, aparte del excepcional de Emergencia y, de manera especial, el procedimiento ordinario mediante baremo por Especial Necesidad.

En el caso de las viviendas del cupo de Especial Necesidad, se ha reforzado también su carácter social, incluyéndose en este supuesto situaciones como: lanzamiento inminente de la vivienda; violencia de género, o violencia por razón de raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad; residir en infraviviendas o inmuebles sin las necesarias condiciones de habitabilidad, y otras situaciones graves que hagan necesario el cambio de vivienda. Además, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, también se flexibilizan los requisitos de acceso.

Para la presidenta regional, el Decreto analizado por el Consejo, que se aprobará próximamente, supone un paso más en la política social que se está llevado a cabo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque atiende especialmente a las circunstancias sociales y económicas del adjudicatario.

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