jueves, 26 de abril de 2018

375 viviendas ocupadas recuperadas en Centro y Puente de Vallecas



La Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, se ha reunido representantes vecinales del barrio de Lavapiés y del distrito de Puente de Vallecas para abordar las ocupaciones ilegales de viviendas en estos dos puntos de la capital.

La Delegada les ha trasladado los datos facilitados por la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas que indican que, a día de hoy y desde la puesta en marcha de la oficina, se han recuperado 375 viviendas en los distritos de Centro y Puente de Vallecas. En concreto, en el distrito Centro hay 157 ocupaciones y se han recuperado 120, y en Puente de Vallecas hay 491 viviendas ocupadas y se han recuperado 255. En la reunión también han estado presentes el Subdelegado del Gobierno, Luis Martínez-Sicluna, y el Coordinador de la Oficina de Viviendas Ocupadas de la Policía Nacional, el Inspector Jefe Sergio Gámez.

Dancausa les ha reiterado su interés en devolver cuanto antes las viviendas a sus dueños, prueba de ello el tiempo de recuperación de estas viviendas a ha pasado de 2 años en el año 2016, a entre 15 días y 2 meses de media, desde la presentación de la denuncia en comisaría o a través de la oficina de ocupaciones de Policía Nacional.

La Delegada también les ha trasladado el trabajo que viene realizando el Gobierno para combatir esta práctica. Hoy mismo se conocía la aprobación en la comisión de Justicia del Congreso de una proposición de ley para acelerar el proceso de recuperación de las viviendas por parte de sus propietarios.

En cuanto al uso delictivo de las viviendas ocupadas, Dancausa ha recordado la intensa labor que lleva a cabo la Policía Nacional para detectar los pisos, y que, gracias a la colaboración de jueces y fiscales, permitió la desactivación sólo en Puente de Vallecas, de 23 puntos de venta de droga entre finales de 2017 y principios de este año. Estas operaciones se saldaron con la detención de 54 personas.

La Delegada ha insistido en la necesidad de que los propietarios de viviendas usurpadas denuncien para que se activen cuanto antes los mecanismos para la recuperación de los inmuebles.

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