Botella y Aguirre firman un protocolo para reordenar competencias y servicios en las administraciones local y autonómica
La reunión que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, celebraron ayer, tenía muchas horas de trabajo detrás y un objetivo común: prestar a los ciudadanos mejores servicios públicos sin duplicidades. Así lo ha contado la alcaldesa después de firmar con Aguirre un "protocolo para la reordenación de competencias y servicios duplicados".
"Los ciudadanos nos demandan servicios de calidad, una asignación clara de responsabilidades, y que tengamos prioridades de gasto razonables. No que dupliquemos o tripliquemos el mismo servicio desde las distintas administraciones públicas, multiplicando su coste sin mejora alguna", ha dicho Botella, que ya en su discurso de investidura se comprometió en la tarea de procurar mejores servicios públicos por un coste menor.
La creciente demanda de los ciudadanos ha llevado a los ayuntamientos, en las últimas décadas, a ampliar sus servicios en ámbitos concretos: familia, protección de menores, juventud, cultura, vivienda, formación continua, servicios sociales, protección de la salud y protección de consumidores y usuarios. En ciertos casos, como los relativos a medio ambiente, seguridad o cultura, la actuación simultánea de varias administraciones es beneficiosa. En otros deviene en una duplicidad que supone que distintas administraciones prestan el mismo servicio a idénticos destinatarios en el mismo territorio. Eso supone un gasto añadido y puede suponer un descuido o una demora en la atención de las necesidades básicas. De ahí la conveniencia de solventarlo que ha llevado a Comunidad y Ayuntamiento a la firma del protocolo.
"Con el Protocolo que hoy firmamos vamos a mejorar la gestión de los servicios públicos mediante su atribución a una sola Administración. No habrá solapamientos; no habrá divergencia de requisitos para el acceso a un mismo servicio, y suprimiremos los supuestos de doble cobertura. Y todo ello sin reducir la calidad o la extensión de los servicios que ofrecemos a los ciudadanos".