La ministra de Vivienda y el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid han visitado las obras de construcción de la promoción de 152 viviendas de protección en régimen de alquiler en Velilla de San Antonio
La alcaldesa de Velilla, Antonia Alcázar, ha acompañado a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez y al consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en la visita a las obras. Al acto también han asistido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el delegado del Gobierno, Francisco Martin.
Los representantes de la Fundación Salas y Cardoner Group han sido los encargados de explicar el detalle de las obras que ya se están ejecutando en esta parcela del Sector XXIII.
En su intervención la alcaldesa ha querido agradecer a la ministra y al consejero la visita destacando “Se trata de trabajar para que nuestros vecinos no se vean expulsados del lugar donde quieren vivir. Que todos podamos elegir donde vivir, y desarrollar un proyecto de vida, de familia y que podamos pagarlo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se materializan las políticas de vivienda, estamos delante de unas obras que terminarán siendo el hogar de 152 familias.”
La promoción en la calle Nicosia (mapa) consta de:
- 54 viviendas de 1 dormitorio
- 85 pisos de 2 dormitorios
- 16 pisos de 3 dormitorios
Cuenta con 184 plazas de aparcamiento y 152 trasteros. Las amplias zonas comunitarias cuentan con área deportiva, área de juegos infantiles, piscina, zonas verdes y huerto urbano. Contará con certificación energética A.
El principal requisito para optar a estas viviendas será que la persona solicitante la dedique a residencia habitual y no tenga ningún otro inmueble en propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. Igualmente, tienen prioridad los empadronados en el municipio donde estén ubicados o los que desempeñen su trabajo en la localidad desde hace al menos tres años. Igualmente, se toma en consideración el límite de gasto, ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.
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