jueves, 14 de abril de 2016

Un coordinador Policial especializado en la lucha contra las okupaciones ilegales

Una nueva figura policial velará próximamente para evitar usurpaciones ilegales de viviendas en Madrid, así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, durante la sesión del Consejo Local de Seguridad y Junta Local de Seguridad de Madrid que ha copresidido, junto a la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Un coordinador Policial especializado en la lucha contra las okupaciones ilegales
Se trata del Coordinador especializado en la Policía Nacional, una figura que para la Delegada del Gobierno “centralizará las actuaciones y favorecerá que la lucha contra estas usurpaciones de viviendas sea cada vez más efectiva”.

Desde 2015, en la Delegación se está abordando este asunto que preocupa y afecta gravemente a numerosos vecinos de diferentes distritos de Madrid, las usurpaciones ilegales de viviendas son un fenómeno que termina siendo además un foco de delincuencia (robos, tráfico de drogas…).La labor de la Delegación ante este problemática se centra en la actuación policial, así como promover la colaboración con otras instituciones.

En este sentido, Dancausa ha mantenido reuniones con asociaciones de vecinos, entidades bancarias e instituciones como el Juez Decano de Madrid y la Fiscalía de Madrid, con la que se han acordado medidas importantes como promover la pronta denuncia por parte de los propietarios, impulsar que estos delitos sean tratados en juicios rápidos y la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía para obtener el desalojo inmediato de los ocupantes.

Balance positivo de la seguridad en Madrid


Durante estas sesiones, que tienen lugar cada seis meses, y se celebran de forma alternativa en el Ayuntamiento de Madrid y en la Delegación de Gobierno, Dancausa ha informado sobre la evolución de la seguridad en la ciudad de Madrid en el segundo semestre de 2015, con los datos de los Indicadores de Seguridad, ofrecidos por el Ministerio de Interior.

En lo que a la tasa de criminalidad se refiere, Dancausa ha destacado que se situó en 69,1 puntos en 2015, lo que ha supuesto un incremento de 1 punto con respecto al año anterior. Los motivos por los que ha subido, han sido entre otros: la declaración de la alerta 4 antiterrorista, que ha hecho necesario desviar efectivos a otras labores; la aparición de nuevos delitos tras la reforma del Código Penal y un nuevo sistema estadístico de grabación de datos que entró en funcionamiento en marzo del año pasado. “A pesar de ello, no debemos olvidar que en el conjunto de la legislatura la tasa se redujo 2,6 puntos” ha reseñado la Delegada del Gobierno.

Un coordinador Policial especializado en la lucha contra las okupaciones ilegales En el conjunto de delitos y faltas, Dancausa ha destacado la reducción que se ha producido en los homicidios, que pasaron de 18 en 2014 a 14 en 2015, lo que supone un descenso del 22,2% y ha calificado el año 2015 de “extraordinario en este sentido, difícilmente comparable con cualquier otro año”.

Asimismo, se ha informado de la disminución que ha habido también en los robos con violencia, un 3,7%; los robos de vehículos, un 4,3% y los robos en domicilios, un 0,5%. Además de los delitos de tráfico de drogas que descendieron un 10,4%.

En cuanto a la violencia de género, se tramitaron 2.719 denuncias. Hubo 1.293 casos sin lesiones y 1.402 casos con lesiones leves. Sólo en dos ocasiones las lesiones fueron graves.

Planes en Embajadores, Marconi y Lavapiés con buenos resultados


Por otro lado, la Delegada del Gobierno ha recordado dos importantes proyectos que se pusieron en marcha el pasado año:

El plan para acabar con el fenómeno de las cundas en los barrios de Embajadores y Lavapiés, que ha permitido incautar 43 vehículos en 2015 y las actuaciones para erradicar la prostitución de zonas frecuentadas por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad. Desde la puesta en marcha de este programa, en julio del año pasado, se han presentado 541 denuncia contra clientes, la mayoría en el Polígono Marconi. En total se realizaron en esa zona 62 dispositivos, 48 más que en 2014.

Asimismo, Dancausa se ha referido también al Plan Integral de Lavapiés que en diciembre del año pasado concluyó su periodo de vigencia para mejora de la seguridad y la convivencia y que se ha desarrollado en el barrio desde 2012, con un balance satisfactorio, puesto que en estos tres años se ha conseguido reducir un 20% el número de delitos. Por ello, la Delegada del Gobierno ha propuesto “continuar con el Plan con el fin de seguir actuando en el barrio y mejorando la situación de los vecinos”.

Plan Director de la Policía Municipal


La Delegada del Gobierno ha aprovechado la reunión de la Junta Local de Seguridad para mostrar su preocupación por algunas indefiniciones que a su juicio tiene el Plan Director del Ayuntamiento de Madrid que se ha presentado recientemente.

129 nuevos coches para la Policía Municipal
Dicho Plan no hace referencia al marco constitucional y legal que vincula a las entidades locales en materia de seguridad. En ese sentido, solo se cita de soslayo la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, específicamente el artículo quinto que determina los principios básicos de actuación de los miembros de las FCS y el artículo 53, que determina las funciones que deben ejercer las policías locales.

Tampoco hace referencia a los dos convenios que, en el marco de la citada ley Orgánica 2/1986, regulan y concretan el marco operativo de la policía municipal respecto de sus limitadas funciones como policía judicial. En concreto:

El Convenio Marco de colaboración, cooperación y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial, firmado en febrero de 2007.

El Acuerdo Específico entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid para la participación del Cuerpo de Policía Local en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial, suscrito entre la Secretaria de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Madrid el 22 de junio del año 2010.

Tampoco hay referencia alguna al Protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia de género, firmado en 2006 entre el Ministerio del Interior y la FEMP. Y además, Dancausa ha echado de menos “ una mayor profundización en lo relativo al cumplimiento de las Ordenanzas Municipales”.

Es en ese marco legal donde se recoge una serie de competencias que la Policía Municipal puede y debe realizar y para Dancausa, su impresión es “que este Plan director no desarrolla en profundidad esas funciones, que constituyen el eje central de la actividad de la Policía Municipal, que vienen recogidas tanto en el artículo 10 de la Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, como en el anteriormente citado artículo 53 de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en cambio se extiende en materias que están fuera del ámbito competencial de la Policía Municipal, como es el caso de los delitos de odio, la mutilación genital, los matrimonios forzosos, la trata de seres humanos o la explotación sexual”.

La Instrucción de la Secretaria de Estado de Seguridad que ya existe, concretamente, la número 16/2014, por la que se aprueba el “Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación” es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento de Madrid y por tanto “resulta evidente que la competencia para realizar las tareas de policía judicial respecto de los delitos de odio recae de forma exclusiva en los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional, en el caso de la Ciudad de Madrid, sin que pueda la Policía Municipal de Madrid desplegar ninguna actividad en dicho campo como plantea el Plan Director” ha subrayado Dancausa.

Preocupación en la protección en manifestaciones

3.085 manifestaciones y concentraciones en Madrid en 2015
Asimismo, la Delegada del Gobierno ha mostrado su preocupación en lo relativo a la protección de manifestaciones y al mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas. Un asunto en el que, como señala el artículo 53 de la ley orgánica 2/86, la Policía Municipal tiene la obligación de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dancausa ha argumentado que dado el gran número de manifestaciones y concentraciones que diariamente se celebran en Madrid, ésta cuestión es especialmente importante. El año pasado se celebraron un total de 3.085 manifestaciones y 650 eventos multitudinarios, la mayoría de ellos en la capital.

Hasta el momento, la coordinación entre Policía Municipal y Policía Nacional en este ámbito ha sido ejemplar y eficaz, por ello, al ser la Junta Local de Seguridad el órgano previsto en la ley para establecer las formas y los procedimientos de colaboración entre las diversas fuerzas y cuerpos de seguridad, Dancausa ha creído conveniente conocer “si la actual corporación tiene la voluntad de que la Policía Municipal siga participando en la protección de manifestaciones y al mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sea requerida para ello”.

Necesaria coordinación entre Policía Nacional y Policía Municipal


La Delegada del Gobierno ha recalcado que en el desarrollo normativo que el Ayuntamiento realice se concreten las formas y mecanismos de coordinación, garantizando que la información que sobre la actividad delictiva pudiera obtener la Policía Municipal será puesta de forma ágil y automática en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, el Plan Director omite cualquier referencia a las previsiones del artículo 3 de la Ley Orgánica 2/86, relativo a la sujeción de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al principio de cooperación recíproca y coordinación. Por ello, Dancausa ha puesto dos ejemplos claros al respecto:

Se obvia la participación de la Policía Municipal en los diferentes Planes de Actuación ya puestos en marcha por el Ministerio del Interior como son el Plan Mayor Seguridad, o el Plan Director para la mejora de la convivencia y seguridad en los centros educativos y sus entornos.

Una segunda cuestión todavía más relevante es que obvia el sistema VioGen, actualmente en funcionamiento, como instrumento eficaz para combatir la violencia machista, indicando, incluso, que “es necesaria la existencia de mecanismos de evaluación específicos respecto a la valoración de riesgos” como si el sistema actual de valoración de riesgos no existiera.

Finalmente, Dancausa ha reiterado el ánimo de acuerdo y colaboración por parte de la Delegación del Gobierno “siempre desde la exigencia de respeto a la normativa legal y a los acuerdos firmados, que en tanto no sean denunciados de forma expresa, consideramos plenamente vigentes y exigibles. No cabe duda que la línea de trabajo que se desempeña entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Municipal está siendo determinante para mejorar la seguridad en Madrid”. En este sentido, la Delegación del Gobierno va a ser rotunda a la hora de exigir que la Policía Municipal cumpla con todas las funciones a las que está obligada por ley.

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