Se han iniciado los trámites para aprobar la primera Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, con la publicación en el Portal de Transparencia y en el Portal de Participación de la memoria descriptiva del anteproyecto de ley. El texto permanecerá hasta el próximo 30 de julio en consulta pública para recabar la opinión de las personas implicadas por la futura norma y las organizaciones más representativas.
La Ley de Salud Pública tendrá por objeto “regular las actividades de inspección e intervención administrativa sobre actividades y servicios y el ejercicio de la autoridad sanitaria, concretar los derechos y obligaciones de los ciudadanos e instituciones en relación a la protección de la salud pública y fomentar la colaboración público privada y la cooperación interadministrativa para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de la salud pública”.
La futura norma viene a consolidar el proyecto iniciado en esta legislatura, con la recuperación de la Dirección General de Salud Pública en 2015 para priorizar las políticas de salud pública y las acciones de prevención que las acompañan. Se sugiere un cambio de modelo en la gestión sanitaria para garantizar la sostenibilidad del sistema, priorizando en la prevención para que la mejora del estado de salud de la población repercuta en una descarga de la actividad asistencial.
La normativa de Salud Pública, tal como se recoge en el anteproyecto, pretende dar respuesta a los problemas asistenciales ante el aumento de la población y el incremento de la esperanza de vida en la región (de 84,7 años, la más alta de España), que genera mayor demanda de la asistencia sanitaria, dependencia y discapacidad. A la vez, el texto también abordará los retos que suponen en la salud los factores ambientales, la introducción de vectores (organismos que transmiten enfermedades como insectos) y los hábitos de vida que conducen a la obesidad.
La Ley de Salud Pública tendrá por objeto “regular las actividades de inspección e intervención administrativa sobre actividades y servicios y el ejercicio de la autoridad sanitaria, concretar los derechos y obligaciones de los ciudadanos e instituciones en relación a la protección de la salud pública y fomentar la colaboración público privada y la cooperación interadministrativa para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de la salud pública”.
La futura norma viene a consolidar el proyecto iniciado en esta legislatura, con la recuperación de la Dirección General de Salud Pública en 2015 para priorizar las políticas de salud pública y las acciones de prevención que las acompañan. Se sugiere un cambio de modelo en la gestión sanitaria para garantizar la sostenibilidad del sistema, priorizando en la prevención para que la mejora del estado de salud de la población repercuta en una descarga de la actividad asistencial.
La normativa de Salud Pública, tal como se recoge en el anteproyecto, pretende dar respuesta a los problemas asistenciales ante el aumento de la población y el incremento de la esperanza de vida en la región (de 84,7 años, la más alta de España), que genera mayor demanda de la asistencia sanitaria, dependencia y discapacidad. A la vez, el texto también abordará los retos que suponen en la salud los factores ambientales, la introducción de vectores (organismos que transmiten enfermedades como insectos) y los hábitos de vida que conducen a la obesidad.
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