lunes, 26 de febrero de 2007

Sanidad, socialismo y protección de datos

Queremos dar las gracias a los miles de lectores, en su mayor parte madrileños, que durante estos últimos días se han pasado por el blog a compartir con nosotros la entrevista a Pilar Martínez. Para nosotros fue un orgullo poder hacerla, y más orgullo el que haya despertado tanto interés entre nuestros lectores.

Raúl y el Yemitas, dos de nuestros lectores habituales nos han escrito en varias ocasiones sobre nuestra ciudad y sus barrios, pero esta vez ha sido, Maestre de Campo, un gran blogger, y habitual lector de espormadrid, el que se ha animado a hablarnos sobre la política madrileña.



26.02.2007
Por Maestre de Campo


El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid acusó al gobierno de la Comunidad -del Partido Popular- de haber cometido "irregularidades" en la adjudicación de la gestión y almacenamiento de datos públicos.



El PSOE exigió ayer una triple "investigación en institucional, judicial y política" que aclare si Sanidad adjudicó irregularmente un contrato a la empresa Stacks y si la compra de esta empresa por una multinacional francesa (Cegedim) dedicada a la venta de datos médicos pone en peligro la intimidad -enfermedades, tratamientos, antecedentes familiares...- de seis millones de madrileños.

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, alertó del "posible tráfico de datos de todos los madrileños al sector farmacéutico". El diputado socialista Eduardo Sánchez Gatell argumentó "es una enorme irresponsabilidad que Sanidad adjudique irregularmente un concurso público y lo haga a una empresa que inmediatamente es comprada por un gigante europeo de la venta de datos médicos. Esto demuestra lo apetitosa que ahora es Stacks gracias a Manuel Lamela", el consejero de Sanidad.


Las presuntas irregularidades sobre la adjudicación del concurso a Stacks -posteriormente adquirida por Cegedim- son cuestión judicial y a los jueces corresponde determinar hasta qué punto hay corrupción y si, conforme a las leyes socialistas, se puede o no castigar. Vaya por delante que, para castigar la corrupción, se hace imprescindible demostrar el elemento subjetivo (la voluntad, o conocimiento, del corrupto) algo que, como todos comprendemos, resulta de facto una carta blanca para la mayoría de los agentes públicos que aducen imbecilidad, ineficacia, o ignorancia. Pero esta ley pro corrupción es del PSOE y sancionada, por la vía de la no modificación, por el PP.

Sobre la peligrosidad de que Cegedim trafique con los datos de los madrileños a las farmacéuticas... Bueno, el señor Simancas juega al miedo socialista que tan buen resultado le dió a Alfonso Guerra en Andalucía ("que viene la derechona y nos quitan las pensiones"). La realidad es bien distinta.

Si los datos son privados relativos a los madrileños la cuestión no es tanto porqué los tiene Cegedim, como porqué los tiene la administración. Es evidente en este caso que la Administración está ejerciendo una actividad totalitaria registrando comportamientos e informaciones privadas de muchos madrileños, y la finalidad solo puede ser, obtener un beneficio económico traficando con ellos o, obtener una ventaja para el control de la disidencia en los individuos. Estas dos finalidades no son excluyentes, como vemos en Cuba (país al que Simancas no se guarda demostrar su admiración).


Aún siendo los datos privados resulta que Cegedim se dedica a hacer lo mejor que sabe y que la ha llevado a ser una empresa internacional, almacenarlos y ponerlos a disposición de la Comunidad de Madrid. Esto es, a hacer un trabajo que la Comunidad no puede -por carecer de equipo y personal cualificado-, o no quiere -porque ellos lo valen- hacer. En este caso volvemos al anterior, siendo los datos de caracter personal y afectando a la salud de las personas su puesta a disposición de un tercero parece que no es muy conforme con la LOPD:


Art 6.1
El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.


Las negritas son mías, y aunque parece que la ley enuncia un principio general en el tratamiento de la información, a continuación establece que ese principio no rige para las administraciones públicas (6.2 No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias) con capacidad para aprobar normas con caracter de ley. Una de estas administraciones es la Comunidad de Madrid que tiene, en virtud de nuestra constitución, capacidad legislativa.


La cuestión que los madrileños, y demás españoles, deberíamos preguntarnos cada vez que rellenamos cualquier cuestionario de la administración pública -incluyendo los de salud- es,

¿para qué servirán estos datos y porqué la administración puede mercadear con ellos libremente?

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