El denominado Proyecto Chamartín, también conocido como Operación Chamartín o Prolongación de Castellana, surge de una iniciativa de RENFE destinada a poner en valor determinados terrenos ubicados en el recinto ferroviario de Chamartín y que resultaban innecesarios para la prestación del servicio público ferroviario.
Al igual que en otras ciudades y en otros recintos ferroviarios de Madrid, la Entidad Pública Empresarial RENFE, con la participación de las Administraciones y de empresas del sector inmobiliario, viene procurando la obtención de recursos económicos adicionales o «atípicos» a través de reclasificaciones y recalificaciones de los terrenos que ya no necesita.
La totalidad de las inversiones necesarias para acometer las obras mencionadas tiene su origen en el propio desarrollo urbanístico aparejado al Plan Chamartín, y que comprende la construcción, por parte de la iniciativa privada, de unos 3,3 millones de metros cuadrados cuyo uso será, fundamentalmente, de viviendas y oficinas. Asimismo, el proyecto asigna una cantidad importante de suelo para equipamientos y dotaciones públicas.
La inversión total en edificación está estimada en unos 6.750 millones de euros de los casi 11.000 millones del plan, de los que 5.650 corresponden a edificación lucrativa y 1.100 a dotaciones de carácter público.
El Plan Chamartín incorpora 3.280.000 metros cuadrados de suelo a la ciudad. En su mayoría, proceden de terrenos que actualmente tienen uso ferroviario y que, mediante la operación Chamartín, se podrán incorporar para uso urbano. De estos más de tres millones de m2 de suelo el Ministerio de Fomento aporta 2.067.834 m2 , es decir, más del 66% del terreno. Los titulares no públicos aportan 557.205 m2 (17,8 %); el Ayuntamiento de Madrid 319.458 m2 (10,2 %); y finalmente, la Comunidad Autónoma de Madrid 176.161 m2 (5,6 %).
En total, se construirán 16.000 viviendas, unas 4.000 de ellas protegidas -1.315 del Ayuntamiento, 739 de la Comunidad de Madrid y 1.946 de Fomento, a través de Adif-Renfe-, para una población de casi 50.000 habitantes. Para las viviendas de protección pública se reservarán 192.000 metros cuadrados, de los cuales el Ministerio de Fomento aporta 124.000 casi el 50% de la superficie destinada a construcción de vivienda pública. Según destacó Álvarez, "ya se ha definido en qué parcelas deben ir todas las viviendas, tanto en el distrito de Chamartín como en el de Fuencarral-El Pardo".
Mientras tanto hay gente que no está tan de acuerdo con este plan. Las 1.100 familias expropiadas por el Estado en las décadas de 1940 y 1950 para construir la estación de Chamartín han insistido hoy en su derecho a la reversión de sus terrenos cuando éstos dejen de tener un uso ferroviario, que les reportaría un total de 286 millones de euros.
Esa es la cantidad, "apenas un 1 por ciento de la operación", que resulta de multiplicar el millón de metros cuadrados expropiados por 286 euros el metro, mucho menos que los 100.000 ó 150.000 euros el metro que van a obtener los propietarios que no perdieron sus terrenos, según el director del equipo jurídico de la Asociación de Reversionistas de Chamartín , Antonio Luis Vázquez.
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